Política nacional | 20 de octubre de 2026
La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa aprobó este martes 20 de octubre la apertura de una investigación sobre las declaraciones del exdiputado y excandidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles Barrantes, relacionadas con las manifestaciones en defensa de la educación pública.
La decisión fue impulsada por legisladores del Partido Pueblo Soberano (PPSO), quienes cuestionaron las declaraciones de Robles por considerar que podrían interpretarse como una invitación a reproducir en Costa Rica episodios de violencia registrados durante protestas en países europeos.
La moción fue aprobada con tres votos a favor y dos en contra, y establece un plazo de dos meses para que la comisión presente un informe sobre el caso.
¿Qué dijo Ariel Robles sobre las protestas?
La controversia comenzó después de que el exlegislador publicara un mensaje en sus redes sociales en el que llamó a participar en las manifestaciones convocadas para el martes 20 de octubre.
En su publicación, Robles planteó que la ciudadanía debía ir más allá de una marcha tradicional y considerar la posibilidad de acampar frente a la Asamblea Legislativa y el Gobierno.
También mencionó como referencia las movilizaciones que se han desarrollado en Francia y España.
Estas declaraciones generaron cuestionamientos de diputados oficialistas, quienes vincularon el mensaje con incidentes violentos ocurridos durante algunas protestas internacionales.
Sin embargo, la publicación original de Robles no contenía un llamado explícito a cometer actos violentos, según la información publicada sobre el caso.
Diputados oficialistas impulsaron la investigación
La propuesta fue respaldada por los diputados del Partido Pueblo Soberano Kristel Ward Hudson, Wilson Jiménez Cordero y Zaira Murillo Marín.
Por su parte, José María Villalta, del Frente Amplio, y Karol Matamoros, del Partido Liberación Nacional, votaron en contra de la investigación.
Durante la discusión, Wilson Jiménez, presidente de la comisión, defendió la decisión y sostuvo que las figuras políticas deben asumir responsabilidad por sus manifestaciones públicas.
La moción plantea investigar si las declaraciones del exdiputado podrían constituir una incitación a reproducir actos violentos como los registrados en Francia, Italia y España.
Cabe señalar que, aunque la moción incluye a Italia, la publicación de Robles solamente mencionaba a Francia y España.
Ariel Robles rechaza haber incitado a la violencia
Ante los cuestionamientos, Ariel Robles rechazó que sus declaraciones tuvieran como objetivo promover disturbios, saqueos o enfrentamientos.
El exdiputado explicó que su propuesta consistía en realizar una acampada frente a las instituciones públicas como una forma de manifestación ciudadana.
Robles también se refirió a la controversia durante la marcha en defensa de la educación pública realizada este martes en San José.
La movilización reunió a estudiantes, representantes de universidades públicas, sindicatos y organizaciones sociales que manifestaron su rechazo a las propuestas de recortes presupuestarios destinados a la educación.
El Frente Amplio ha cuestionado las acusaciones del oficialismo, mientras que el Partido Pueblo Soberano considera necesario examinar las declaraciones del exlegislador.
Comisión tendrá dos meses para presentar sus conclusiones
Con la aprobación de la moción, la Comisión de Derechos Humanos podrá convocar a Ariel Robles para conocer su posición sobre las declaraciones que originaron la controversia.
El acuerdo establece un plazo de dos meses para elaborar y presentar un informe sobre el asunto.
La apertura de la investigación parlamentaria no significa que exista una responsabilidad legal demostrada ni constituye, por sí misma, una condena contra el exdiputado.
El caso se produce en medio del debate nacional sobre el financiamiento de la educación pública y los límites entre el derecho a manifestarse, la libertad de expresión y las responsabilidades de quienes participan en la vida política.
Por ahora, la comisión deberá desarrollar su investigación y presentar las conclusiones correspondientes ante la Asamblea Legislativa.
