Pese a las campañas de prevención y los protocolos institucionales, el acoso escolar y la violencia entre estudiantes continúan siendo una realidad alarmante dentro del sistema educativo costarricense. Así lo evidencian los datos oficiales del Ministerio de Educación Pública (MEP), que contabiliza 2.938 reportes relacionados con este tipo de conductas entre 2022 y 2025.
Del total de casos, 1.034 corresponden a bullying (acoso escolar reiterado) y 1.504 a situaciones de violencia física o verbal, lo que refleja una convivencia estudiantil marcada por agresiones persistentes.
Cifras año con año
- 2022: 294 casos de bullying y 587 de violencia
- 2023: 388 reportes de acoso y 497 de violencia
- 2024: 352 incidentes de bullying y 420 de violencia
- 2025 (enero a mayo): 127 denuncias por bullying y 166 por violencia estudiantil
Aunque 2024 presentó una leve disminución respecto al año anterior, los datos de 2025 ya muestran que el fenómeno persiste. Los especialistas advierten que los números podrían ser aún mayores, dado que muchas víctimas no se atreven a denunciar.
Un caso que sacudió a la opinión pública
El tema volvió a cobrar relevancia nacional tras el reciente fallecimiento de una estudiante de 16 años del Liceo Poasito, en Alajuela. Según su familia, la joven era víctima de acoso escolar, aunque el MEP asegura que no existían reportes formales previos al hecho.
El caso generó indignación y cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta de las instituciones. La familia de la joven exige la destitución del director del centro educativo y reclama la implementación urgente de una política de “cero tolerancia” al bullying.
Prevención estructural: la deuda pendiente
Expertos en salud mental coinciden en que se necesita una intervención temprana para detener la cadena de violencia, así como acompañamiento emocional tanto a víctimas como a quienes ejercen el acoso. Además, subrayan que los esfuerzos preventivos solo funcionan cuando existe un compromiso activo del centro educativo, el personal docente, las familias y los propios estudiantes.
Mientras tanto, comunidades educativas de todo el país enfrentan el desafío de pasar de la reacción a la prevención real, con el objetivo de construir entornos seguros donde niñas, niños y adolescentes puedan aprender sin miedo.