La Cámara de Comercio de Costa Rica solicitó a la Asamblea Legislativa detener la discusión del proyecto de ley que regula las plataformas digitales de movilidad, como Uber, al considerar que las modificaciones incorporadas durante su trámite afectarían la competencia, aumentarían los costos para los usuarios y reducirían las opciones de transporte en el país.
La organización afirmó que las reformas realizadas al expediente 23.736 trasladan a las plataformas digitales restricciones propias del modelo tradicional de taxis, en lugar de promover una regulación moderna que impulse la innovación y la libre competencia.
Advierten impacto para usuarios y conductores
Según la Cámara de Comercio, de aprobarse el proyecto en su redacción actual, millones de usuarios enfrentarían tarifas más altas y menos alternativas para movilizarse.
El ente gremial indicó que el impacto alcanzaría especialmente a mujeres, estudiantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, trabajadores en horarios nocturnos, turistas y pequeñas y medianas empresas que utilizan estas plataformas de forma cotidiana.
Asimismo, recordó que cerca de 40.000 personas generan ingresos mediante la economía de plataformas y que alrededor de dos millones de usuarios utilizan estos servicios en Costa Rica.
Principales preocupaciones
Entre los cambios que generan mayor preocupación, la Cámara señaló:
- La fijación de una rentabilidad mínima por kilómetro, que considera un mecanismo de control de precios que encarecería los viajes.
- La prohibición para que las plataformas operen en zonas de alta demanda, como aeropuertos, puertos y terminales.
- Restricciones que, a su criterio, limitan la libre competencia y la libertad de elección de los consumidores.
El presidente de la Cámara de Comercio, Arturo Rosabal Arce, aseguró que la modernización del transporte debe centrarse en eliminar las barreras que afectan al servicio tradicional y no en imponer nuevas limitaciones a las plataformas digitales.
«Costa Rica necesita una regulación moderna que fomente la innovación, fortalezca la libre competencia y garantice reglas claras para todos los actores, siempre poniendo en el centro a las personas consumidoras», afirmó.
Proyecto continúa en discusión
El proyecto de ley se tramita bajo el expediente 23.736 y actualmente analiza las mociones de fondo presentadas mediante el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.
Hasta el momento, el texto sustitutivo ya fue aprobado en la Comisión de Gobierno y Administración, pero aún quedan 99 mociones pendientes de discusión antes de que continúe su trámite legislativo.
