Ministerio de Educación inició proceso disciplinario contra la docente.
Una madre de familia de la Escuela Abraham Lincoln, en Alajuelita, denunció a una maestra por presunta agresión física y verbal contra su hijo, un niño de nueve años con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
El caso se encuentra bajo investigación tanto en la vía administrativa como en la judicial. De acuerdo con el Ministerio de Educación Pública (MEP), ya se ha iniciado un proceso disciplinario contra la docente, luego de que el director del centro educativo, Carlos Camacho, elevara la denuncia.
Nathalie Rodríguez, madre del estudiante, relató que la agresión fue reportada inicialmente por una compañera de su hijo, quien informó a su madre sobre lo ocurrido. Posteriormente, la mujer alertó a Rodríguez, quien confirmó el testimonio con su hijo.
«Nos contó que la maestra lo había agredido, que le pegó dos veces en la mano. También ha recibido comentarios ofensivos, como comparaciones con sus compañeros, diciéndoles que estudien y trabajen para no ‘terminar como él’, insinuando una baja capacidad intelectual”, expresó Rodríguez.
Según la madre, el menor ahora sufre de ansiedad, se niega a asistir a clases y ha perdido el apetito. Como parte del proceso, el caso fue remitido al Juzgado Contravencional de Alajuelita.
Otra madre, Karen Tencio, también denunció que su hijo fue víctima de agresiones verbales y psicológicas por parte de la misma maestra. Indicó que su hijo recibía un trato discriminatorio, como borrar la pizarra antes de que terminara de copiar y luego marcarle los trabajos como incompletos.
«Esto afectó su desempeño académico y ahora recibe control psiquiátrico», detalló Tencio.
El director del centro, Carlos Camacho, aseguró que, tras recibir quejas de 16 padres de familia, activó los protocolos correspondientes.
«El procedimiento incluye reuniones con los padres para escuchar sus denuncias, levantar un acta y definir acuerdos con la docente. Si la situación excede mi competencia, elevo el caso a la instancia disciplinaria correspondiente», explicó Camacho.
Las familias afectadas esperan ahora la resolución de los procesos administrativos y judiciales en curso.