Desde Suiza, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite, solicitó un informe a Costa Rica sobre la situación que enfrenta la Corte Suprema de Justicia desde 2017. En una misiva enviada al país, manifestó su preocupación por la interferencia del Poder Ejecutivo en el Judicial y el impacto de recientes reformas legales.
Preocupaciones de la relatora
Satterthwaite expresó inquietud por el hostigamiento hacia magistrados y jueces, así como por las reformas que afectan la independencia judicial. La relatora citó informes según los cuales el presidente de la República, Rodrigo Chaves, habría generado tensión y persecución contra el Poder Judicial mediante ataques verbales y cuestionamientos infundados sobre su imparcialidad.
Según la relatora, estas declaraciones públicas, emitidas en conferencias de prensa semanales, estarían contribuyendo a un clima de confrontación y desconfianza, afectando la estabilidad de la justicia y erosionando la percepción ciudadana sobre la independencia judicial.
Impacto de las reformas legales
Satterthwaite también expresó preocupación por modificaciones legislativas aprobadas por la Asamblea Legislativa, incluyendo:
- Reforma al régimen de pensiones de la Corte Suprema de Justicia.
- Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
- Ley Marco de Empleo Público.
Si bien algunas de estas iniciativas fueron impulsadas en administraciones anteriores, la relatora destacó su impacto en la independencia y estabilidad del Poder Judicial.
Incompatibilidad con normas internacionales
La relatora recordó que la situación descrita en Costa Rica sería incompatible con las normas internacionales sobre juicio justo, las cuales establecen que el Poder Judicial debe operar sin restricciones, influencias indebidas, presiones o amenazas externas.
Asimismo, destacó que manifestaciones públicas de figuras de alto rango, como el presidente de la República, pueden debilitar la confianza en la justicia y generar un impacto negativo en la institucionalidad del país.
Plazo para respuesta del Gobierno
Hasta la fecha, el presidente Chaves no se ha pronunciado sobre la carta enviada por Satterthwaite. Sin embargo, la relatora otorgó 60 días al Poder Ejecutivo para responder a los señalamientos y solicitó la adopción de medidas necesarias para proteger los derechos y libertades de los integrantes del Poder Judicial.
Esta solicitud subraya la importancia de garantizar la independencia judicial en Costa Rica y preservar el equilibrio democrático en el país.