Una reciente iniciativa legislativa tiene como objetivo regular los costos asociados a graduaciones, trabajos comunales y proyectos finales en universidades privadas, con el fin de garantizar la accesibilidad y evitar prácticas consideradas abusivas.
Detalles de la Propuesta Legislativa
La diputada Katherine Moreira Brown, del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó el proyecto de ley N.º 24.757, que propone que el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) regule las tarifas relacionadas con la titulación y otras actividades complementarias obligatorias en estas instituciones.
Entre las medidas destacadas, la propuesta busca:
- Permitir que los estudiantes que cumplan con los requisitos académicos puedan juramentarse y recibir su título sin necesidad de asistir a ceremonias de graduación, abonando únicamente los costos de titulación.
- Solicitar al Conesup el diseño de un modelo tarifario específico para los costos vinculados a trabajos comunales y proyectos finales.
Impacto en los Estudiantes y la Educación Superior
La diputada Moreira argumentó que estos cobros desproporcionados dificultan el acceso equitativo a la educación superior, afectando especialmente a los estudiantes de hogares con menores ingresos.
“Los costos de titulación y las tarifas asociadas a las ceremonias son, en muchos casos, excesivos. Esto contradice el principio de igualdad de oportunidades que debe regir el acceso a la educación”, enfatizó Moreira.
Asimismo, la legisladora subrayó que los trabajos comunales y proyectos finales, concebidos como herramientas formativas, se han transformado en una carga económica significativa para los estudiantes de ciertas universidades privadas.
Contexto Educativo y Estado Actual del Proyecto
El proyecto de ley aún no ha sido convocado por el Poder Ejecutivo para su discusión en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, su importancia radica en el creciente protagonismo de las universidades privadas en la educación superior costarricense. De cada 10 títulos otorgados en el país desde 2020, seis corresponden a instituciones privadas.
Garantizar prácticas justas y accesibles en este sector es crucial para promover la igualdad de oportunidades y reducir las brechas económicas en el acceso a la educación superior.
¿Cómo Impactará Esta Iniciativa?
Si se aprueba, esta legislación podría marcar un precedente en la regulación de costos universitarios, mejorando la equidad en la educación superior y aliviando las cargas económicas de miles de estudiantes. La discusión ahora está en manos de los legisladores y la sociedad costarricense.