La lucha contra el cibercrimen dio un golpe contundente esta semana tras una operación dirigida por la Unidad contra el Cibercrimen del Ministerio Público en conjunto con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Las autoridades ejecutaron allanamientos en tres importantes proveedoras de servicios de internet en Costa Rica: Telecable, Liberty y Kölbi.

¿Por qué fueron allanadas?

Las acciones forman parte de una investigación en curso, bajo el expediente judicial 23-011204-0042-PE, relacionada con un esquema de fraude bancario mediante el uso indebido de direcciones IP.

Según revelaron las autoridades, se detectaron al menos 15 direcciones IP utilizadas en Costa Rica para acceder ilegalmente a cuentas bancarias, facilitando así la sustracción de fondos por medios electrónicos. Estas IP fueron rastreadas hasta dispositivos vinculados a actividades fraudulentas.

Falta de colaboración impulsó la acción judicial

Durante el proceso de investigación, el Ministerio Público solicitó información clave a las empresas de telecomunicaciones, sin obtener una respuesta satisfactoria. Debido a ello, se autorizó la intervención directa de las sedes, con el objetivo de asegurar evidencia tecnológica y documental relevante para el caso.

Detención y decomisos

Como parte del operativo, fue detenida una mujer de apellidos Barahona Torres, quien según las autoridades sería una pieza clave dentro de la estructura criminal. En los allanamientos también se decomisaron:

  • Teléfonos celulares
  • Computadoras y tabletas
  • Tarjetas de débito a nombre de terceros
  • Documentos bancarios
  • Otros dispositivos electrónicos con valor probatorio

Todo el material será analizado por expertos en informática forense del OIJ.

Un llamado a la cooperación privada

Este caso pone nuevamente sobre la mesa la importancia de una colaboración más activa entre empresas del sector privado y los entes judiciales, especialmente en tiempos donde los fraudes cibernéticos van en aumento y evolucionan rápidamente en sofisticación.

Las autoridades recalcaron que el éxito en la lucha contra el ciberfraude depende en gran medida de la agilidad y compromiso de los proveedores de tecnología e internet para atender solicitudes judiciales y proteger la integridad financiera de los ciudadanos.

Investigación en curso

El proceso judicial continúa en desarrollo y no se descartan más detenciones o nuevos allanamientos conforme avancen las diligencias. Este caso es un reflejo de los crecientes desafíos que enfrenta Costa Rica ante el auge del delito informático, y de los esfuerzos institucionales por combatirlo con firmeza.