La presidenta de la República, Laura Fernández, se refirió a las recientes detenciones de personas investigadas por presuntos delitos relacionados con lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado, luego de que comenzaran a circular fotografías de algunos de los investigados junto a figuras políticas de distintos partidos.
Fernández aseguró que para cualquier persona resulta difícil conocer si alguien con quien coincide en una actividad pública o privada enfrenta investigaciones penales o mantiene presuntos vínculos con estructuras criminales.
“Estas personas se disfrazan de empresarios exitosos”, manifestó la mandataria al referirse a la forma en que personas investigadas por delitos vinculados al crimen organizado pueden desenvolverse dentro de actividades comerciales y sociales.
Presidenta defiende trabajo conjunto contra el narcotráfico
Las declaraciones se producen después de varios operativos realizados por las autoridades costarricenses y de la divulgación de fotografías en las que aparecen empresarios investigados junto a dirigentes políticos.
Entre los casos mencionados se encuentra el de Guobin Tam Zhang, también conocido como Juan Carlos Tam, quien enfrenta un proceso de extradición hacia Estados Unidos por una investigación relacionada con presunta legitimación de capitales.
Tam estuvo presente en una actividad privada realizada por el Partido Pueblo Soberano (PPSO) el 1.º de febrero, durante la celebración posterior a las elecciones. En fotografías difundidas posteriormente aparece junto a figuras políticas.
Fernández sostuvo que este tipo de situaciones demuestra lo complejo que resulta identificar a personas que eventualmente podrían estar relacionadas con actividades ilícitas, debido a que muchas mantienen una apariencia de normalidad dentro de la sociedad.
Operativo incluyó 22 allanamientos
La mandataria también se refirió al operativo realizado este miércoles, en el que las autoridades ejecutaron 22 allanamientos como parte de una investigación relacionada con una presunta estructura de legitimación de capitales.
La investigación estaría vinculada con Edwin Vargas, alias “Sobrino”, detenido en enero de 2025 y señalado por las autoridades como presunto líder de una estructura dedicada al narcotráfico.
Dentro del caso se investiga una supuesta inversión de aproximadamente $859.000 en la organización de conciertos, así como movimientos de dinero relacionados con otras actividades comerciales.
Entre las personas detenidas estuvieron los productores de eventos Don Stockwell y Hugo Barboza.
Luego de conocerse las detenciones, comenzaron a circular fotografías de ambos empresarios junto a figuras políticas de diferentes agrupaciones.
“Están en todo lado”
Fernández destacó que las organizaciones criminales pueden intentar integrarse a actividades cotidianas y comerciales para aparentar normalidad.
La presidenta indicó que personas relacionadas con este tipo de estructuras pueden encontrarse en supermercados, centros comerciales, centros educativos, actividades religiosas, conciertos y otros espacios de convivencia social.
Además, defendió la cooperación entre las autoridades costarricenses y organismos internacionales como la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Según Fernández, su administración continuará fortaleciendo las acciones contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen organizado transnacional.
Fernández niega aportes del investigado a su campaña
La mandataria también reiteró que no existen registros de aportes económicos de Tam a su campaña política.
Fernández señaló que una persona podría realizar una contribución o adquirir bonos cumpliendo determinados requisitos establecidos para el financiamiento político, pero aseguró que en este caso no existen registros de aportes.
De acuerdo con lo indicado, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tampoco tendría registrados aportes del investigado a la campaña.
Para la presidenta, las recientes investigaciones deben servir para reforzar la cooperación institucional y evitar que organizaciones criminales utilicen actividades empresariales o sociales como una fachada para legitimar recursos de origen presuntamente ilícito.
