El Congreso de Guatemala aprobó con carácter de urgencia nacional la exoneración temporal de dos impuestos aplicados a los hidrocarburos para frenar la escalada en el precio de los fletes y carburantes. La decisión legislativa busca contener el descontento popular tras una serie de protestas masivas y bloqueos de carreteras que afectaron la movilidad y la economía del país centroamericano durante las últimas semanas.
Alcance de la exoneración fiscal y reducción de precios
La medida aprobada por los diputados guatemaltecos suspende de forma temporal cargas tributarias clave en la cadena de importación y comercialización de hidrocarburos. La iniciativa contempla una vigencia inmediata que se extenderá hasta el próximo 31 de diciembre, a la espera de la firma del presidente Bernardo Arévalo.
Dentro de las disposiciones acordadas por el Pleno parlamentario destacan los siguientes puntos:
- Suspensión del impuesto de distribución: Se frena el cobro del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo.
- Exención del IVA: Se libera el pago del 12% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado sobre la importación y venta de carburantes.
- Rebaja estimada: Los congresistas proyectan que la eliminación de ambos tributos permita disminuir hasta un 25% el costo final al consumidor.
- Trámite de urgencia: La iniciativa oficialista fue tramitada y aprobada en un único debate tras el rechazo previo a un plan de subsidio estatal enviado por el Ejecutivo.
Tensión social y encarecimiento del costo de vida
El incremento sostenido en el costo de la gasolina y el diésel responde, según argumentó el Gobierno guatemalteco, a las fluctuaciones del mercado internacional provocadas por el conflicto armado en Oriente Medio. El galón de diésel experimentó un fuerte impacto al pasar de aproximadamente 3,4 dólares en febrero a 5,7 dólares a finales de agosto.
Esta variación al alza provocó un efecto dominó que encareció de forma inmediata los pasajes de transporte público, el traslado de mercancías y los artículos de la canasta básica familiar. La presión económica derivó en intensas manifestaciones comunitarias que derivaron en bloqueos de rutas estratégicas en todo el país.
El punto máximo de la crisis ocurrió el pasado 13 de septiembre, cuando se registraron enfrentamientos entre pobladores y la policía local. Dichos disturbios dejaron como saldo dos oficiales heridos de bala y al menos diez personas detenidas. Aunque las manifestaciones se suspendieron desde esa fecha, la presión social obligó al Parlamento a buscar una salida fiscal inmediata para devolver la tranquilidad a la región.
