La presidenta Laura Fernández presentó este lunes un segundo paquete de iniciativas legislativas con las que busca reforzar la seguridad del país. Las propuestas se suman a las seis que fueron anunciadas en junio y abarcan cambios en el sistema penal, la extradición de costarricenses, el combate a la minería ilegal y la modernización de los cuerpos policiales.
El anuncio se realizó en la Asamblea Legislativa, donde la mandataria estuvo acompañada por integrantes del Poder Ejecutivo y miembros de la denominada Fuerza Élite.
Reforma al Código Procesal Penal
Uno de los proyectos plantea eliminar la audiencia preliminar y sustituirla por una única audiencia previa al juicio, con el objetivo de agilizar los procesos penales.
La presidenta justificó la iniciativa al señalar que los casos tardan demasiado en resolverse.
«La realidad crítica es que el proceso penal toma demasiado tiempo, tanto que testigos en causas penales muy delicadas declaran que el hecho se les olvidó», afirmó.
Según Fernández, la propuesta permitirá eliminar trámites que duplican funciones y reducir tanto los tiempos de resolución como los costos operativos del Poder Judicial.
Ampliación de las causales de extradición
La mandataria anunció que el próximo 3 de agosto presentará una reforma constitucional para ampliar los delitos por los cuales un ciudadano costarricense podría ser extraditado.
La propuesta incorpora delitos como:
- Legitimación de capitales.
- Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
- Tráfico ilícito de armas.
- Tráfico ilegal de órganos, tejidos y células humanas.
- Sicariato y homicidios relacionados con estructuras criminales.
- Participación en organizaciones criminales transnacionales.
- Cibercrimen, ciberterrorismo y ciberfraude que comprometan la seguridad nacional o la infraestructura crítica.
La presidenta aclaró que la medida no implica una extradición automática.
«No es una extradición automática o generalizada de costarricenses, sino una medida excepcional. Solo procedería previa resolución en firme de los tribunales», precisó.
Además, se mantendría el principio de doble incriminación, es decir, que el hecho sea considerado delito tanto en Costa Rica como en el país solicitante.
Cambios en la ejecución de las penas
Otro proyecto propone que toda persona condenada que reciba una medida alternativa a la prisión utilice un dispositivo de monitoreo electrónico.
Fernández explicó que únicamente quienes cumplan con criterios técnicos y legales podrán acceder a regímenes de confianza.
«Solo podrán pasar de cárcel a regímenes de confianza quienes cumplan perfiles técnicos, perfiles de clasificación y condiciones legales para garantizar que ninguna persona peligrosa sea liberada», señaló.
Endurecen sanciones contra la minería ilegal
El paquete también contempla fortalecer el combate contra la explotación minera ilegal, especialmente en zonas como Crucitas.
La iniciativa propone considerar esta actividad como crimen organizado y aumentar las penas de prisión de seis a diez años para quienes exploten, extraigan o procesen recursos minerales de manera ilícita.
Además, plantea sancionar a quienes financien, promuevan o se beneficien de estas actividades, así como permitir el decomiso de maquinaria, dinero, materiales e incluso la inmovilización registral de propiedades vinculadas con este delito.
«Si algo ha quedado evidenciado con el caso de Crucitas es que la minería ilegal no solo destruye nuestros recursos naturales, sino que también financia estructuras criminales, amenaza a las comunidades y desafía la autoridad del Estado», expresó la mandataria.
Monitoreo electrónico para deudores alimentarios
Otra de las propuestas busca que las personas sujetas a apremio corporal por pensiones alimentarias puedan utilizar monitoreo electrónico en lugar de permanecer en prisión.
La intención, según explicó Fernández, es permitir que los deudores trabajen y puedan cumplir con sus obligaciones económicas.
«Nada hacemos con tener las cárceles llenas de padres de familia deudores de pensiones alimentarias si en la cárcel no pueden buscar trabajo, entonces lo que se hace es dejar en indefensión a los menores», manifestó.
El proyecto establece que, si la persona deja de pagar durante más de un mes o incumple las condiciones impuestas, deberá regresar a prisión.
Nueva estructura para los cuerpos policiales
El Gobierno también propone modernizar la estructura jerárquica de las fuerzas policiales mediante el restablecimiento de rangos tradicionales como coronel, mayor, teniente y cabo.
Asimismo, se plantea que quienes aspiren a ocupar altos cargos deban contar con un título universitario y al menos 15 años de experiencia dentro de la institución.
Reforma a la DIS queda pendiente
Durante la presentación, la presidenta informó que la esperada reforma a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) no fue incluida en este segundo paquete.
Fernández explicó que decidió retirar temporalmente la iniciativa para realizar ajustes antes de presentarla.
«Tiene algunas pulgas que todavía deben revisar», comentó, al indicar que formará parte de un tercer grupo de proyectos.
