Costa Rica afronta la imperiosa necesidad de diseñar y oficializar un nuevo Plan Nacional para la Enfermedad de Alzheimer y Demencias Relacionadas. El país se convirtió en 2014 en pionero de América Latina al lanzar una estrategia estatal específica para atender esta condición. Sin embargo, la vigencia del plan original concluyó en 2024 y, hasta el momento, las autoridades sanitarias no han presentado un instrumento actualizado que tome su lugar.
Acelerado envejecimiento y proyección de casos
La urgencia de una hoja de ruta responde a la rápida transformación demográfica del país. Cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) señalan que las personas de 65 años o más representaban un 11% de la población en 2024, proporción que se elevará al 14,4% en 2030 y superará el 24,9% para el año 2050. Esto significa que, a mediados de siglo, uno de cada cuatro habitantes pertenecerá a este grupo etario.
De forma paralela, el estudio Global Burden of Disease proyecta un crecimiento exponencial de los diagnósticos neurológicos en el territorio nacional:
- Registro previo: En 2019 se estimaba que 32.637 personas vivían con algún tipo de demencia en el país.
- Proyección futura: Para 2050 se prevé que la cifra alcance aproximadamente 114.227 personas, lo que equivale a un incremento cercano al 250%.
- Brecha de información: Persiste la necesidad de fortalecer los sistemas de salud pública para precisar la ubicación geográfica y necesidades del perfil de cada paciente.
Brecha entre norma técnica y estrategia nacional
Aunque la legislación costarricense dispone de la Norma Nacional de Atención a Personas Adultas con Deterioro Cognitivo y Demencia desde 2017, este marco técnico no sustituye un plan integral. Asimismo, la Política Nacional de Salud Mental 2024-2034 reconoce el impacto del Alzheimer, pero carece de un eje estratégico con metas, indicadores y presupuesto propio dedicado exclusivamente a las demencias.
Por esta razón, diversos sectores solicitan que la rectoría del Ministerio de Salud convoque a mesas de trabajo intersectoriales. La propuesta contempla la participación activa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), las universidades públicas, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil como ASCADA y FundAlzheimer, así como a las propias personas cuidadoras y pacientes.
Capacidades locales que requieren articulación
El país no parte de cero en el abordaje de estas enfermedades. Instituciones pioneras como la Clínica de Memoria del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología operan desde 2007, sumadas a los esfuerzos de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Hospital San Juan de Dios y centros comunitarios diurnos en cantones como El Guarco de Cartago.
No obstante, el reto principal radica en conectar las iniciativas existentes dentro de una política pública común y con asignación de recursos. De esta forma, el Estado costarricense podrá ofrecer un acompañamiento digno, oportuno e integral frente al desafío de la salud mental y el envejecimiento poblacional.
