Las empresas de cobro ya no podrán llamar, enviar mensajes o contactar a familiares, amigos, compañeros de trabajo u otras personas ajenas a una deuda para intentar gestionar su pago, salvo que exista el consentimiento expreso de esas personas.

Así lo establece una nueva directriz emitida por la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), con la que se busca reforzar la protección de los datos personales y poner fin a una práctica que durante años generó múltiples denuncias por parte de los ciudadanos.

De acuerdo con la entidad, desde el año 2021 se han resuelto al menos 77 casos relacionados con el uso de datos de terceros para realizar gestiones de cobro, pese a que estas personas no mantenían ninguna obligación con la deuda.

Solo podrán utilizar datos del deudor

La nueva normativa dispone que las entidades financieras y empresas de cobro únicamente podrán solicitar y utilizar los datos personales del titular del crédito.

En caso de que deseen incorporar información de contacto de terceros, deberán contar previamente con el consentimiento informado de esas personas.

Asimismo, la directriz limita el uso de teléfonos, correos electrónicos o cualquier otro dato de contacto laboral para realizar gestiones de cobro, excepto cuando exista una orden judicial firme que lo autorice.

Más transparencia en las gestiones de cobro

Otro de los cambios es que toda llamada, mensaje o comunicación relacionada con una deuda deberá identificar claramente a la empresa responsable de la base de datos utilizada.

Además, las compañías deberán garantizar mecanismos efectivos para que las personas puedan ejercer sus derechos relacionados con la protección de sus datos personales.

Habrá posibilidad de denunciar

La Prodhab informó que cualquier persona que considere que sus datos personales fueron utilizados de forma indebida podrá presentar una denuncia ante la institución.

Incluso, la agencia podrá iniciar investigaciones de oficio cuando detecte posibles incumplimientos y, si se comprueba una reincidencia, abrir procedimientos sancionatorios contra las empresas responsables.

La nueva directriz entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en La Gaceta.