La viabilidad de someter a un referéndum nacional las principales iniciativas económicas del Gobierno de la República se desvanece tras revelarse el bajo nivel de apoyo popular que reciben. Un estudio de opinión elaborado por la Universidad Nacional (UNA) evidencia que las propuestas impulsadas por la presidenta Laura Fernández sobre la subasta del oro de Crucitas, la apertura del mercado eléctrico y la venta del Banco de Costa Rica (BCR) carecen del respaldo mayoritario de la ciudadanía.
La baja aceptación popular dejaría a la administración sin el margen político para convocar a las urnas una consulta popular, trasladando de forma definitiva la negociación de estos proyectos a la Asamblea Legislativa, donde la oposición mantiene frenadas las iniciativas.
Resultados de la encuesta sobre iniciativas clave
Los datos recopilados por la UNA reflejan que ninguno de los tres proyectos estrella de la administración alcanza una mayoría sólida entre la población costarricense:
- Armonización del mercado eléctrico: Registra un 49% de aprobación. La iniciativa plantea una mayor apertura en la generación y comercialización de energía, poniendo al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a competir en igualdad de condiciones sin ejercer el rol de planificador único.
- Subasta del oro en Crucitas: Cuenta con el respaldo de apenas un 36% de los encuestados para permitir la explotación minera mediante una licitación internacional.
- Venta del BCR y activos estatales: Recibe el nivel de apoyo más bajo, con tan solo un 32% de respaldo ciudadano.
El estudio técnico de la UNA se realizó entre el 12 y el 22 de agosto mediante 746 entrevistas completas a nivel nacional, ofreciendo un margen de error de 3,6 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.
Bloqueo legislativo frena la agenda oficialista
Sin la alternativa del referéndum, el Poder Ejecutivo enfrenta un escenario complejo en el Congreso. La fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano cuenta con 31 diputados, una cantidad insuficiente frente a las exigencias normativas y la oposición de bancadas como el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA).
En materia energética, aunque el proyecto de armonización eléctrica superó el primer debate, permanece congelado debido a que requiere el voto afirmativo de 38 legisladores para su aprobación final. La decisión del PLN (18 diputados) de retirar su apoyo a la iniciativa original para plantear un texto alternativo generó preocupación en la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).
Sobre la urgencia de concretar un marco regulatorio moderno para el sector, Maritza Hernández, presidenta de la UCCAEP, expresó:
“Costa Rica requiere un sistema eléctrico moderno, eficiente, seguro y sostenible, con capacidad para responder al crecimiento de la demanda, la transformación tecnológica, la electrificación de nuevas actividades productivas y los efectos de la variabilidad climática”.
En cuanto a la subasta minera de Crucitas, la bancada del Frente Amplio mantiene bloqueado el avance del expediente mediante la presentación de cientos de mociones en el plenario. El diputado del FA, Edgardo Araya, condicionó el avance a una revisión de la propuesta:
“Nosotros no estamos obstruyendo, estamos esperando que sea el Gobierno el que finalmente decida sentarse a conversar. Queremos que la presidenta cumpla su palabra y que discutamos técnicamente cuál es el mejor proyecto para Costa Rica y, si la convencemos de que el proyecto del Frente Amplio es mejor que el del Gobierno, vamos con el proyecto del Frente Amplio y, si ella nos convence de lo contrario, entonces vamos con el proyecto del Gobierno”.
Por su parte, la venta de activos estatales como el BCR enfrenta el rechazo directo de 26 diputados opositores, lo que anticipa un elevado desgaste político en caso de que el Ejecutivo insista en someter la propuesta a debate en Cuesta de Moras.
