Las autoridades de Estados Unidos solicitaron formalmente la extradición de un exvicealcalde de Golfito, quien figura como sospechoso en un caso de tráfico internacional de drogas, junto a un ciudadano salvadoreño. Ambos fueron detenidos tras un operativo en el que se decomisaron 38 kilogramos de droga, según confirmaron fuentes judiciales.
La solicitud fue presentada por el estado de Florida, donde se sigue el proceso penal relacionado con este caso.
Detención y decomiso de droga
De acuerdo con la información divulgada, el exfuncionario municipal y el otro sospechoso fueron capturados luego de una investigación que los vincula con el traslado y comercialización de estupefacientes con destino a Estados Unidos. Durante el operativo, las autoridades lograron decomisar 38 kilos de droga, lo que elevó la gravedad del caso y motivó la intervención de agencias estadounidenses.
Ambos permanecen bajo custodia mientras se tramitan los procedimientos judiciales correspondientes.
Solicitud de extradición desde Florida
El pedido de extradición fue gestionado por autoridades judiciales de Florida, que acusan a los sospechosos de delitos relacionados con narcotráfico internacional. Ahora, el proceso deberá seguir los canales legales establecidos en Costa Rica, donde un tribunal valorará si se cumplen los requisitos para autorizar la entrega a la justicia estadounidense.
Mientras tanto, los imputados continuarán detenidos a la espera de las resoluciones judiciales.
Impacto político y judicial
El caso ha generado atención pública debido a que uno de los involucrados ocupó un cargo de elección popular en el cantón de Golfito, lo que añade un componente político al proceso. Las autoridades reiteraron que el expediente se tramita bajo el principio de presunción de inocencia, pero confirmaron que las investigaciones continúan activas.
Proceso en manos de la justicia costarricense
La extradición no es automática. El Poder Judicial costarricense deberá analizar la solicitud, verificar que los delitos sean equivalentes en ambas legislaciones y garantizar el respeto a los derechos de los imputados.
El caso se suma a otros procesos de cooperación judicial entre Costa Rica y Estados Unidos en materia de crimen organizado y narcotráfico.
