La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental solicitó suspender de forma inmediata el permiso que autoriza la tala de 751 árboles en una finca ubicada en playa Panamá, en Sardinal de Guanacaste. La gestión fue presentada ante el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José y busca evitar posibles daños irreversibles al ecosistema mientras avanza una investigación por presuntos delitos ambientales.
La medida cautelar fue planteada el pasado 15 de mayo y actualmente se encuentra pendiente de resolución judicial.
Fiscalía advierte riesgo para ecosistema boscoso
Según informó el Ministerio Público, la solicitud responde a la necesidad de proteger una zona que, de acuerdo con elementos técnicos y periciales recopilados durante la investigación, presenta características propias de un ecosistema boscoso protegido por la legislación nacional.
Por esa razón, la Fiscalía pidió que se ordene a la empresa concesionaria y a cualquier tercero abstenerse de realizar:
- Tala de árboles.
- Eliminación de cobertura vegetal.
- Movimientos de tierra.
- Construcciones.
- Cualquier otra intervención sobre la propiedad.
La intención es preservar las condiciones actuales del terreno mientras se determina la legalidad de las autorizaciones otorgadas.
Investigación se relaciona con proyecto Bahía Papagayo
La causa judicial está vinculada al proyecto turístico Bahía Papagayo, impulsado por la empresa Enjoy Hotels & Resorts S.A.
La investigación pretende determinar la posible existencia de delitos relacionados con:
- Cambio de uso de suelo en terrenos boscosos.
- Incumplimiento de deberes.
- Prevaricato.
- Falsedad ideológica.
De acuerdo con la Fiscalía, existen indicios de que el inmueble podría estar protegido por la Ley Forestal, pese a que el permiso fue aprobado mediante la figura de inventario forestal.
También solicitan alertar a instituciones públicas
Además de la suspensión de las actividades, el Ministerio Público pidió la anotación registral de la investigación sobre la finca concesionada.
Esta medida busca advertir sobre la existencia del proceso penal y garantizar la efectividad de las disposiciones cautelares que eventualmente se dicten.
Asimismo, la Fiscalía solicitó informar sobre la gestión a entidades como:
- Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
- Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
- Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
- Otras instituciones vinculadas con la protección ambiental.
Sala IV ya había frenado permisos en Papagayo
El caso se desarrolla en medio de un amplio debate sobre el desarrollo turístico en el Polo Turístico Golfo de Papagayo.
El pasado 17 de abril, el magistrado Fernando Cruz ordenó suspender temporalmente la emisión de permisos para tala de árboles, construcción y modificaciones de densidad en proyectos hoteleros ubicados dentro de esta zona.
La medida respondió a una acción de inconstitucionalidad presentada por Sergio Ortiz, quien cuestionó una reforma que permitía trasladar derechos de construcción entre fincas no colindantes pertenecientes a un mismo concesionario.
Según datos aportados durante ese proceso, en el Polo Turístico Golfo de Papagayo se habría solicitado la tala de aproximadamente 3.600 árboles.
Gobierno eliminó decreto cuestionado
Posteriormente, el Poder Ejecutivo derogó la normativa que permitía compensar densidad y cobertura entre diferentes concesiones turísticas.
Esa disposición había sido incorporada durante la administración del presidente Rodrigo Chaves Robles y permitía trasladar capacidad constructiva entre fincas de un mismo propietario.
Sin embargo, especialistas en derecho ambiental advierten que la derogatoria no elimina las normas que aún permiten la tala de árboles bajo determinadas condiciones.
Debate ambiental sigue abierto
El futuro del proyecto Bahía Papagayo continúa sujeto a diversas decisiones judiciales y constitucionales.
Además de la causa impulsada por la Fiscalía, permanece pendiente una segunda acción de inconstitucionalidad que cuestiona normas relacionadas con la tala rasa y los parámetros de construcción dentro del Polo Turístico Golfo de Papagayo.
La resolución de estos procesos podría definir no solo el destino de los 751 árboles cuya tala está bajo análisis, sino también el alcance de futuros desarrollos turísticos en una de las zonas costeras más importantes de Guanacaste.
Mientras tanto, la solicitud de la Fiscalía busca evitar cualquier intervención que pueda generar daños ambientales irreversibles antes de que los tribunales emitan una resolución definitiva.
