Una auditoría interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) detectó debilidades en los controles para la prescripción y entrega de medicamentos que facilitaron que fármacos institucionales terminaran siendo comercializados de forma ilegal en la vía pública.
La investigación surgió tras un decomiso realizado por la Municipalidad de San José en un hotel del centro de la capital. A partir de las etiquetas de los medicamentos incautados, la Auditoría logró identificar a 10 pacientes y reconstruir el historial de recetas y despachos realizados por la institución.
Recetas repetidas y tratamientos duplicados
El informe señala que varios pacientes recibieron nuevas recetas antes de que finalizaran los tratamientos previamente entregados.
En algunos expedientes no existía una justificación documentada para emitir nuevamente los medicamentos, mientras que otros usuarios solicitaron reposiciones alegando pérdida, robo o insuficiencia del tratamiento.
La Auditoría también encontró casos de personas que acudían repetidamente a consultas médicas con el único propósito de obtener nuevas prescripciones.
Entre los hallazgos destacan:
- Recetas emitidas antes de que transcurrieran 30 días desde la entrega anterior.
- Pacientes que retiraban entre 20 y 36 medicamentos al mes.
- Prescripciones duplicadas de medicamentos como tramadol, aun cuando existían antecedentes de uso indebido.
- Entregas de tratamientos pese a que los pacientes mantenían recetas vigentes.
Expedientes con alertas por abuso de medicamentos
La revisión identificó pacientes con antecedentes de toxicomanías, problemas de salud mental, abuso de medicamentos y situaciones sociales complejas.
Incluso se encontraron expedientes donde los médicos habían documentado el consumo excesivo de algunos fármacos o advertencias sobre el uso inadecuado de opioides.
También aparecieron registros relacionados con intentos de suicidio mediante ingesta de medicamentos, violencia doméstica y consultas reiteradas para solicitar nuevas recetas.
Alertas del sistema podían ignorarse
La Auditoría determinó que el Sistema Integrado de Farmacias (SIFA) genera advertencias cuando un paciente aún dispone de tratamiento activo.
Sin embargo, esas alertas pueden ser omitidas por el personal encargado del despacho.
Según el informe, en algunos casos las farmacias entregaban la totalidad de los medicamentos para evitar conflictos con usuarios o reclamos presentados ante la Contraloría de Servicios.
Cambios de domicilio y múltiples consultas
Otra de las debilidades detectadas fue la posibilidad de que algunos pacientes modificaran su domicilio en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) para acceder a citas en diferentes áreas de salud.
Además, la falta de una integración completa entre las farmacias de la institución dificulta verificar en tiempo real si una persona ya retiró medicamentos en otro establecimiento.
Esto permite que algunos usuarios acumulen tratamientos en distintas unidades de la CCSS sin un control efectivo.
Riesgo para la salud pública
La Auditoría concluyó que estas fallas favorecen la acumulación de medicamentos y aumentan el riesgo de uso indebido y comercialización ilegal.
El informe advierte que esta situación no solo representa una afectación al patrimonio de la CCSS, sino también un riesgo para la salud pública, ya que terceros podrían adquirir y consumir medicamentos sin prescripción médica ni supervisión profesional.
