Costa Rica debe centrar su discusión sobre la inteligencia artificial (IA) en la regulación de los riesgos derivados de su uso y no en imponer restricciones al desarrollo de la tecnología. Esa es la principal conclusión planteada en una voz experta que analiza el futuro de la gobernanza digital en el país y advierte que un marco normativo excesivamente rígido podría limitar la innovación sin ofrecer una mejor protección a los derechos de las personas.
El debate debe enfocarse en los riesgos
El análisis sostiene que Costa Rica ya cuenta con un ecosistema normativo sólido para abordar el desarrollo tecnológico.
Entre los instrumentos citados se encuentran la Estrategia de Transformación Digital, la agenda de Gobierno Digital, la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley N.° 8968) y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) 2024-2027.
Según la posición expuesta, estas herramientas ya incorporan principios como la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de los derechos fundamentales y la innovación responsable.
Por ello, el debate no debería centrarse en regular algoritmos, modelos o arquitecturas tecnológicas, sino en las consecuencias que puede generar el uso de la inteligencia artificial cuando afecta a las personas.
Los principales riesgos de la IA
El experto considera que los desafíos más importantes no están en la tecnología, sino en la forma en que se utiliza.
Entre los riesgos que requieren regulación destacan:
- Opacidad en la toma de decisiones.
- Sesgos discriminatorios.
- Uso indebido de datos personales.
- Falta de supervisión humana.
- Ausencia de mecanismos de rendición de cuentas.
Desde esta perspectiva, el ordenamiento jurídico costarricense ya exige que cualquier decisión que afecte derechos fundamentales sea razonable, proporcional, motivada y susceptible de control, independientemente de si fue tomada por una persona o mediante un sistema automatizado.
Un modelo basado en niveles de riesgo
El planteamiento propone adoptar un enfoque regulatorio proporcional, similar al que impulsan distintas experiencias internacionales.
En lugar de aplicar las mismas reglas a todas las aplicaciones de inteligencia artificial, se sugiere clasificar los sistemas según el nivel de riesgo que representan.
Por ejemplo, un sistema utilizado para optimizar rutas de recolección de residuos no tendría el mismo impacto que otro empleado para asignar beneficios sociales o apoyar decisiones regulatorias, por lo que ambos deberían recibir un tratamiento distinto.
Asimismo, se plantea promover espacios de experimentación controlada o sandboxes regulatorios, que permitan desarrollar soluciones innovadoras bajo mecanismos de supervisión y transparencia.
Costa Rica cuenta con bases para avanzar
El análisis destaca que el país dispone de condiciones institucionales para construir un modelo moderno de regulación.
Entre ellas sobresalen:
- Un marco consolidado de protección de datos personales.
- Una sólida tradición de control constitucional.
- Políticas de gobierno abierto y datos abiertos.
- Universidades y centros de investigación activos en innovación digital.
Según el experto, estas fortalezas permiten avanzar hacia una regulación que proteja los derechos fundamentales sin obstaculizar el desarrollo tecnológico.
Innovación y protección deben avanzar juntas
La reflexión concluye que el reto para Costa Rica no consiste en escoger entre regular o no la inteligencia artificial.
El desafío es diseñar un sistema de gobernanza que permita exigir evaluaciones de impacto cuando estén en juego derechos fundamentales, fortalecer la transparencia en aplicaciones de alto impacto, garantizar la supervisión humana en decisiones sensibles y prohibir usos incompatibles con los principios democráticos.
Al mismo tiempo, sostiene que el país debe facilitar la experimentación responsable en aplicaciones de bajo riesgo para evitar que regulaciones excesivas desincentiven la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico.
Desde esta perspectiva, Costa Rica tiene la oportunidad de convertirse en un referente regional en regulación inteligente de la inteligencia artificial, enfocando sus esfuerzos en gestionar los riesgos y no en limitar el avance de una tecnología que puede generar importantes beneficios para la sociedad.
