Una filtración de datos personales y de acceso restringido de costarricenses fue expuesta en la dark web (red oscura) tras un ciberataque perpetrado contra un buró de crédito nacional. El atacante afirma haber extraído más de 400 millones de líneas de información que abarcan direcciones, números telefónicos, salarios, registros de vehículos, matrimonios y 3,31 millones de fotografías con características idénticas a las del padrón del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Para demostrar el acceso a la base de datos, el ciberdelincuente difundió públicamente información personal de la presidenta de la República, Laura Fernández, entre la cual figura su fotografía de identidad.
Antecedente en el TSE y aclaración institucional
Tras ser consultado sobre el uso de imágenes de acceso restringido con fines comerciales, el TSE descartó vulneraciones o hackeos recientes a sus plataformas informáticas. No obstante, el vocero de la entidad, Nicolás Prado, confirmó que la institución registra un antecedente ocurrido hace dos décadas.
«Hace aproximadamente 20 años se presentó un incidente en el que un exfuncionario del TSE sustrajo y presuntamente facilitó el padrón registro con fotografía a compañías que se dedican precisamente a la venta de datos. En ese momento, el Tribunal tomó la decisión de despedir a dicho funcionario e interpuso la denuncia respectiva ante el Ministerio Público», explicó Prado.
El ente electoral añadió que el Registro Civil colaborará plenamente con el Ministerio Público en las pesquisas para esclarecer el origen exacto de los archivos comprometidos.
Cuestionamientos legales sobre el almacenamiento de fotos
Por su parte, el abogado especialista en ciberseguridad Mauricio París catalogó el incidente como uno de los sucesos más graves de vulneración de datos personales en la historia del país. Durante una intervención en el programa Nuestra Voz, el jurista subrayó que las autoridades deben investigar cómo el buró de crédito afectado obtuvo las imágenes.
Puntos clave sobre el impacto legal:
- Acceso restringido: Las fotografías del padrón electoral constituyen un dato de uso público exclusivo o sujeto a consentimiento explícito del titular.
- Justificación de tenencia: La investigación penal deberá determinar si la empresa privada contaba con base jurídica para conservar y comercializar 3,31 millones de fotografías.
- Responsabilidad corporativa: París enfatizó que, aunque la compañía sea víctima de un ataque informático, no se justifica la posesión o comercialización no autorizada de datos ciudadanos.
El caso queda ahora bajo el escrutinio de los órganos judiciales para delimitar las responsabilidades tanto del ciberataque como de la eventual tenencia irregular de información sensible por parte de empresas privadas.
