La base de datos sustraída a un buró de crédito costarricense, la cual contiene más de 400 millones de líneas de información sensible de ciudadanos, fue puesta a la venta en la dark web y canales de mensajería por un monto de $2.500. Especialistas en ciberseguridad señalan que la alerta se registró la madrugada del domingo 13 de setiembre mediante sistemas de rastreo digital, calificando el hecho como uno de los ciberataques de mayor gravedad en la historia del país.

Perfil del atacante y errores en la comercialización

El experto en ciberseguridad que detectó la transacción describió al responsable como un cibercriminal presuntamente local y con escasa experiencia en este tipo de delitos. Esta conclusión se fundamenta en inconsistencias operativas dentro del mercado negro:

  • Moneda de pago: Exigió dólares americanos a través de la aplicación Signal en lugar de solicitar Bitcoin u otras criptomonedas habituales en la dark web.
  • Subvaloración del archivo: Fijó un precio de $2.500 por una base de datos cuyo valor comercial e ilícito alcanza cifras millonarias.
  • Exposición pública: Promocionó la información en un foro abierto de Telegram donde también difunde filtraciones de otros países como República Dominicana.

Alcance del ataque y riesgo de estafas dirigidas

Aspecto de la filtraciónDetalle reportado
Volumen expuesto400 millones de líneas de registros personales
Datos comprometidosFotografía, cédula, salario, teléfonos, vehículos, propiedades y récord crediticio
Canales de ventaAplicación de mensajería Signal y grupos abiertos en Telegram
Peligro principalCorrelación de información sensible para la ejecución de fraudes dirigidos

Especialistas advierten que, debido a la dinámica de estos mercados y al bajo costo fijado, debe asumirse que la base de datos ya fue adquirida por múltiples actores. Los compradores pueden ir desde redes criminales de mayor perfil hasta entidades locales o negocios registrados que aprovechan estas filtraciones para completar sus bases de datos de manera ilícita.

El acceso a estos archivos permitirá a los delincuentes cruzar datos personales de las víctimas con sus bienes, salarios y entorno familiar, lo que desencadenará un incremento en intentos de estafa, suplantación de identidad y reventa en el mercado negro regional.

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