El Ministerio Público advirtió que no podrá continuar con la investigación de estafas informáticas ni de otros delitos complejos durante el año 2027 debido a las restricciones presupuestarias planteadas por el Gobierno. Las medidas presupuestarias imponen un impacto económico superior a los ₡40.000 millones entre recortes directos y bloqueo de fondos para el Poder Judicial.
Un golpe operativo ante el disparo de los ciberdelitos
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó que la severidad de las limitaciones financieras obligará a la institución a seleccionar cuáles delitos no se podrán atender. La decisión afectaría áreas críticas como la persecución del contrabando, la defraudación, las administraciones fraudulentas y las estafas electrónicas.
La posible suspensión de estas pesquisas ocurre en un contexto de alta vulnerabilidad para la ciudadanía, dado que las estafas informáticas registraron un crecimiento del 1.446% entre 2019 y 2025. Según estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los expedientes anuales por este delito pasaron de 665 a 10.142 casos en ese período.
Impacto en fiscalías clave y servicios tecnológicos
El alcance de la crisis presupuestaria compromete la operatividad general del sistema de justicia en todo el país.
Entre los principales riesgos señalados por la jefatura del Ministerio Público destacan:
- Afectación a fiscalías especializadas: Se compromete el trabajo en investigaciones de narcotráfico, delitos ambientales y de género.
- Riesgo de impunidad: La falta de personal podría provocar la liberación de personas privadas de libertad al no poder procesar sus casos a tiempo.
- Apagón tecnológico: La falta de recursos impedirá el pago de licencias informáticas de Microsoft, interrumpiendo el envío de correos electrónicos y notificaciones oficiales.
Disputa por el monto final del presupuesto
El impacto presupuestario total en el Poder Judicial alcanza los ₡40.386 millones, desglosados en un recorte de ₡10.542 millones y el congelamiento de ₡29.844 millones adicionales.
A pesar de que la presidenta Laura Fernández afirmó que reduciría el ajuste presupuestario de ₡27.000 millones a ₡11.000 millones, dicha cifra ya estaba contemplada en el proyecto entregado a la Asamblea Legislativa desde inicios de septiembre, por lo que las limitaciones financieras se mantienen sin cambios reales.
