La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este viernes un dictamen positivo al proyecto de ley que busca prohibir el uso de teléfonos celulares inteligentes y tabletas personales en escuelas y colegios, tanto en horas de clase como en los periodos de recreo, con excepciones puntuales para fines pedagógicos o emergencias.

La iniciativa, conocida bajo el expediente 25.153 “Ley para el uso responsable de dispositivos electrónicos en centros educativos”, fue presentada por la diputada independiente Cynthia Córdoba Serrano y ahora avanzará hacia discusión en el Plenario Legislativo.

¿Qué propone la ley?

Según el texto avalado, la normativa busca que:

  • Se prohíba el uso de celulares y tabletas personales en todos los niveles educativos, desde primaria hasta secundaria.
  • Durante clases y recreos no se permita su uso, salvo en casos de:
    • Situaciones de peligro o fuerza mayor.
    • Necesidades de accesibilidad para estudiantes con condiciones específicas.
    • Uso autorizado con fines pedagógicos.

La Comisión Legislativa de Ciencia, Tecnología y Educación consideró que la restricción puede contribuir a ambientes educativos con menos distracciones y mayor enfoque en el aprendizaje.

Contexto y puntos de debate

Este proyecto se enmarca en un debate que va más allá de Costa Rica, ya que más de 70 países han analizado o aplicado restricciones al uso de tecnología personal en aulas escolares.

En el ámbito educativo, tanto autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) como expertos han discutido en los últimos meses sobre el impacto de los dispositivos móviles:

  • El MEP ha planteado ajustes a reglamentos educativos para regular el uso de celulares, aunque no eliminarlo totalmente en todos los casos.
  • Por otro lado, organizaciones del sector tecnológico han advertido que una prohibición absoluta podría profundizar la brecha digital y limitar el acceso a herramientas educativas, especialmente para estudiantes con menos recursos.

¿Qué sigue en el proceso legislativo?

Con el dictamen aprobado, el proyecto deberá ser analizado y votado en el Plenario Legislativo, donde los diputados decidirán si avanza como ley o si se realizan ajustes.

El resultado de esa discusión influirá en la forma en que los estudiantes costarricenses interactúan con la tecnología en sus escuelas y colegios durante los próximos años.