Ingresar sin autorización a un parque nacional en Costa Rica ya no sería una simple falta administrativa. Un proyecto de ley plantea multas que podrían alcanzar los ₡4 millones para quienes accedan de manera ilegal a áreas protegidas del país, en un intento por frenar daños ambientales y fortalecer la protección de estos espacios.
La propuesta busca cerrar portillos legales ante el aumento de personas que ingresan por puntos no habilitados o evaden el pago oficial.
¿Qué conductas serían sancionadas?
El texto plantea castigos económicos para quienes:
- Ingresen sin pagar la entrada oficial
- Utilicen senderos clandestinos o accesos no autorizados
- Organicen tours ilegales dentro de parques
- Realicen actividades comerciales sin permisos
- Promuevan visitas masivas fuera del control institucional
Las multas variarían según la gravedad de la infracción y el impacto ambiental generado.
¿Por qué endurecer las sanciones?
Las autoridades ambientales han advertido que el ingreso ilegal provoca:
- Daño a ecosistemas sensibles
- Alteración de hábitats de fauna silvestre
- Contaminación por residuos
- Riesgos de accidentes sin supervisión
- Pérdidas económicas para el sistema de conservación
El proyecto pretende respaldar la labor del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), que enfrentan limitaciones para vigilar todos los accesos en zonas protegidas.
Un mensaje para turistas y operadores
Costa Rica cuenta con más de 30 parques nacionales que representan un pilar del turismo sostenible y la conservación. La iniciativa envía un mensaje claro: el acceso debe hacerse por canales oficiales y respetando la normativa.
El país ha construido su reputación internacional sobre la protección ambiental, y el ingreso ilegal debilita ese modelo.
¿Qué sigue?
El proyecto deberá avanzar en el proceso legislativo antes de convertirse en ley. De aprobarse, las multas serían una de las más altas en materia ambiental relacionadas con acceso indebido a áreas protegidas.
