Un nuevo proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa de Costa Rica pretende restringir el acceso a los datos personales disponibles en el Sistema de Consulta Civil del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Esta iniciativa surge como respuesta al aumento de estafas que utilizan información personal para hacer más creíbles los engaños.
El proyecto, tramitado bajo el expediente 24.895, fue presentado por el diputado Gilberto Campos del Partido Liberal Progresista (PLP). La propuesta busca otorgar a los ciudadanos mayor control sobre su información personal mediante un mecanismo de consentimiento informado.
«En algunas ocasiones llaman a un adulto mayor y le dicen: ‘Mire, estoy con su hija, que se llama Fulana de tal, que tiene tantos años, que vive en tal lugar, que tiene tales hijos y la tengo aquí, está secuestrada y necesito que usted pague inmediatamente una suma de dinero para poder liberarla’. Pero no hay secuestro, no existe ningún acercamiento con esta persona, pero el adulto mayor cae en esa trampa porque la información que le están dando es la que está pública en la página del Tribunal Supremo de Elecciones», explicó Campos.
Actualmente, el sitio web del TSE permite acceder a datos personales como nombre completo, nombre de los padres, cónyuge, hijos, fecha de nacimiento, edad, lugar de votación y de nacimiento, entre otros, con solo ingresar el nombre o el número de cédula.
El proyecto también busca eliminar el cobro por el acceso electrónico a la información con fines comerciales. Según Campos, la medida es fundamental para proteger el derecho a la intimidad de los ciudadanos.
Por su parte, la Autoridad Electoral sostiene que la información disponible en su plataforma cumple con los lineamientos de la Agencia de Protección de Datos (Prodhab) y está respaldada por la jurisprudencia constitucional. «Es importante resaltar que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene los datos de los ciudadanos en la página web de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Prodhab, pero también de acuerdo con la jurisprudencia constitucional», afirmó Andrei Cambronero, letrado del TSE.
El proyecto de ley aún debe ser asignado a una comisión del Congreso para su estudio y eventual dictamen antes de avanzar en el proceso legislativo.