La jefa de fracción del oficialismo en el Congreso, Pilar Cisneros, ha responsabilizado a la Fiscalía General de la República por la filtración a los medios de comunicación del informe sobre las finanzas de campaña de Rodrigo Chaves, presidente de la República, correspondiente a las elecciones de 2022. La congresista denunció que, pese a que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) había investigado el caso durante casi dos años sin que se filtrara información alguna, una vez que el Ministerio Público secuestró el expediente, éste terminó en manos de la prensa en cuestión de días.
Cisneros acusó al fiscal general, Carlos Díaz, de actuar con «intención de divulgar» el informe, violando la ley que establece que las actuaciones durante la etapa de investigación de un proceso penal deben ser privadas. «Mientras el expediente estuvo en el Tribunal de Elecciones nunca se filtró nada, pero cuando pasa a manos de Carlos Díaz, en cuestión de días ya está ilegalmente en manos de La Nación y otros medios», expresó.
La diputada consideró que no hay nada ilegal que investigar respecto a las finanzas de campaña de 2022, ya que el presidente Chaves fue ratificado el 19 de septiembre de 2021, y el cierre de la organización Costa Rica Próspera ocurrió un día antes, el 18 de septiembre.
El Caso de la Estructura Paralela de Financiamiento
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) llevó a cabo una investigación de tres años sobre las finanzas de la campaña de Rodrigo Chaves, concluyendo de manera preliminar que Chaves, junto con el vicepresidente Stephan Brunner y el canciller Arnoldo André, podrían ser responsables de al menos cuatro delitos electorales. Se señala que la campaña del presidente podría haber recibido dinero a través de dos estructuras paralelas que operaron fuera del control del partido Progreso Social, sin los reportes mensuales de los donantes ante el TSE. Estas estructuras fueron el fideicomiso Costa Rica Próspera y una cuenta bancaria a nombre de Sofía Agüero, hija del diputado Waldo Agüero, quien coordinó la agenda de Chaves durante 2021.
El informe de la investigación reveló que la campaña pudo haber recibido más de ¢248 millones, una cifra obtenida a través de mecanismos no autorizados y que podrían haber recibido dinero de empresas o de fuentes extranjeras, lo cual es ilegal bajo las normativas del Código Electoral. Se menciona que la creación de una estructura ilegal de financiamiento para campañas políticas podría resultar en penas de cárcel de entre dos y seis años para los responsables.
Secuestro del Informe y su Impacto
El informe relacionado con la estructura paralela de financiamiento fue secuestrado por la Fiscalía General de la República a mediados de enero de 2025, lo que ha generado controversia y críticas por su manejo, especialmente por su filtración a los medios. La Fiscalía continúa con la investigación sobre los presuntos delitos electorales, mientras la situación sigue siendo objeto de debate en la opinión pública y en el ámbito político.
Con esta situación, Pilar Cisneros insiste en que no existe justificación para continuar con una investigación en torno a las finanzas de campaña de Rodrigo Chaves, dado que la estructura de financiamiento ya fue cerrada y no hay indicios de que haya habido delitos.
Nota de Redacción: La información contenida en este artículo está basada en los últimos desarrollos de la investigación y las declaraciones realizadas por Pilar Cisneros y otros actores políticos involucrados en el caso.