La propuesta conocida como ley cero ocio, impulsada por el Gobierno de Laura Fernández, pretende transformar el sistema penitenciario costarricense mediante la incorporación obligatoria de actividades laborales para la mayoría de las personas privadas de libertad. El proyecto, que se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 25.617, busca que los reclusos trabajen, contribuyan a su manutención y participen en mecanismos de reparación hacia las víctimas.
La iniciativa tendría alcance nacional y aplicaría en prácticamente todos los centros penitenciarios del país, aunque contempla excepciones para determinados grupos de población.
¿A quiénes aplicaría la ley?
Según el texto propuesto, todas las personas privadas de libertad estarían obligadas a participar en actividades productivas o de servicio, ya sea dentro o fuera del centro penitenciario donde cumplen su condena.
Sin embargo, antes de asignar cualquier labor, las autoridades deberán realizar estudios psicológicos, psiquiátricos y sociales para determinar las condiciones particulares de cada persona.
El objetivo, según el Gobierno, es fomentar habilidades laborales y sociales que favorezcan una futura reinserción en la sociedad.
¿Quiénes quedarían excluidos?
La propuesta contempla varias excepciones.
No estarían obligados a participar en el programa:
- Personas ubicadas en módulos de alta contención.
- Personas con discapacidad.
- Adultos mayores.
- Mujeres embarazadas.
- Mujeres en período de lactancia.
- Personas con enfermedades terminales certificadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
- Menores de edad recluidos en centros juveniles.
Además, las valoraciones técnicas podrían determinar otros casos específicos donde no resulte procedente la participación obligatoria.
¿Qué tipo de trabajos realizarían?
El proyecto contempla una amplia variedad de actividades dentro del sistema penitenciario.
Entre las labores que podrían desarrollar los privados de libertad destacan:
Servicios internos
- Cocina.
- Panadería.
- Lavandería.
- Limpieza.
- Gestión de residuos.
Producción y manufactura
- Textilería.
- Carpintería.
- Ensamblaje.
- Empaque.
Actividades agrícolas
- Cultivos.
- Agricultura.
- Proyectos de sostenibilidad.
Infraestructura y mantenimiento
- Obras de infraestructura.
- Mantenimiento de espacios públicos.
- Servicios de apoyo institucional.
La iniciativa también permite incorporar nuevas actividades productivas según las necesidades que determine la Administración Penitenciaria.
Trabajo dentro y fuera de las cárceles
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que las labores podrían desarrollarse tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios.
Cuando se trate de trabajos para empresas privadas o entidades externas, la participación de los privados de libertad deberá ser completamente voluntaria.
Para ello, el Ministerio de Justicia podrá suscribir convenios con organizaciones públicas y privadas interesadas en contratar bienes o servicios generados mediante estos programas.
El texto enfatiza que estas actividades no podrán utilizarse como castigo disciplinario ni derivar en situaciones de explotación económica.
Crearán una nueva unidad especializada
La propuesta establece la creación de la Unidad de Gestión para la Reinserción Sociolaboral.
Este nuevo órgano tendría la responsabilidad de:
- Gestionar convenios institucionales.
- Coordinar actividades productivas.
- Supervisar la ejecución de los programas laborales.
- Facilitar procesos de reinserción social.
Aunque el Ministerio de Justicia continuará como rector del sistema penitenciario, esta nueva unidad asumiría la gestión operativa de los proyectos contemplados en la ley.
¿Qué pasará con los recursos generados?
El proyecto también autoriza al Ministerio de Justicia a facturar los trabajos realizados por personas privadas de libertad cuando estos beneficien a terceros mediante convenios establecidos legalmente.
Los recursos obtenidos serían administrados por la propia institución.
